EL AGUA Y LA FALACIA DE LA COMPOSICIÓN

En el último partido de la selección de fútbol ¿Se percató usted de que algunos de los aficionados prefieren observar el juego estando de pie?, quienes lo hacen sostienen que así lo pueden ver mejor, pero que si todos los aficionados hicieran exactamente lo mismo, tenga la plena seguridad de que la visión del juego definitivamente no mejorará para nadie. Sin embargo, sostener que siempre se estará en mejor posición estando de pie es caer en lo que los lógicos llaman la falacia de la composición, que se presenta cuando se cree que lo que es cierto para una de las partes es necesariamente cierto, sólo por esa razón, para todos, o a la inversa, lo que puede ser cierto para todos es necesariamente cierto, solo por esa razón, para las partes.

Esta falacia o falsedad es muy común en economía y debe evitarse, otro ejemplo, es cuando algún agente económico en época de crisis económica decide que la mejor defensa es ahorrar, y puede que no le falte razón, que mejor que el ahorro ante una perspectiva de mucha incertidumbre. Sin embargo, si todo el mundo ahorraría, incluso los agentes productivos, es decir, no gastar ni en consumo ni en inversión, el crecimiento económico decaería por menor demanda o mayor oferta, y a mediano plazo también disminuirían los precios, el empleo y los ingresos de las personas, y en consecuencia también el ahorro que depende del ingreso, que ahora es menor, precisamente por la crisis. En suma, quienes planearon ahorrar en un inicio es probable que no lo logren como parte de un todo; lo que es aparentemente cierto para un agente no necesariamente es cierto para todos.

De igual manera, creer que la tarifa del agua deba ser baja para mejorar el bienestar de pocos no necesariamente lleva a mejorar el bienestar de todos. La razón es económica, y tiene que ver fundamentalmente con dos de las funciones de los precios o tarifas, que es el de transmitir información y el de proveer incentivos, brillantemente expuesta por el profesor Milton Friedman de la Universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía en 1976, en su clásico libro “La Libertad de Elegir”, escrito conjuntamente con su también brillante esposa, Rose Friedman.

Veamos cómo funciona, suponga una situación de ausencia de lluvias, con estragos severos sobre la dotación de agua potable a la ciudad, es de suponerse, a consecuencia de la sequía que la poca agua que se ofrezca deba subir de precio, por el principio de la escasez relativa, que dice que las cosas se valoran según su grado de escasez. En consecuencia, al ser escasa el agua se estará dispuesto a pagar un precio más alto - o al contrario, cuanto menos se valore algo, por su abundancia, se estará dispuesto a pagar menos - induciendo a un uso más eficiente del bien, precisamente porque es escaso. Si esto no lo convence, piense que le sucederá al precio del agua embotellada en este mismo entorno, también subiría, porque la gente acudiría a comprarla masivamente para sustituir el agua que no llega por las tuberías. Es decir, precios más altos están informando al mercado de que el bien es escaso, y que debe ser valorado como tal.

Ahora, ¿Qué cree que pase si una decisión política impide que los precios suban?, asuma por ejemplo que se activa un dispositivo legal que congela las tarifas. Un efecto inmediato es que quienes están dispuestos a pagar un precio más alto, es decir, los que valoran más el agua, se beneficiarán, pues tendrían una ganancia entre lo que estuvieron dispuesto a pagar y lo que realmente pagan, a esta diferencia los economistas la llamamos excedente del consumidor. Además, el congelamiento de precios también involucra al productor de agua, quien debería recibir un precio más alto en relación a su costo si se dejara que suba la tarifa, este es el excedente del productor, pero al no ser así, tendrá una pérdida económica igual a la diferencia entre lo que podría haber recibido si la tarifa fuera más alta y lo que realmente recibe por el congelamiento de la misma.

En resumen, lo que está sucediendo es que la ganancia del excedente del consumidor es la pérdida del excedente del productor, con lo cual se distorsionan los incentivos para el consumo y la producción de agua. El consumidor preferirá dejar el caño abierto, regar continuamente su jardín y bañar a su mascota tres veces al día, porque lo que le cobran no refleja lo que está dispuesto a pagar por hacerse del bien, y el productor no tendrá los incentivos para mejorar su servicio, porque lo que recibe no refleja la tarifa real del bien, es probable entonces que no realice las inversiones suficientes para mantener el servicio de forma adecuada, porque su costo de oportunidad es relativamente alto.

¿Cómo distribuir un recurso como el agua que los consumidores no valoran y que los productores no satisfacen a plenitud?, como lo hemos venido sufriendo desde que uno tiene uso de razón, a través del racionamiento del servicio por horas. Prueba de ello son los tanques de almacenamiento que podemos observar en las azoteas de las casas, y más aún cuando prestamos atención al tránsito de las cisternas de agua dirigiéndose a las zonas más alejadas de la ciudad, donde un poblador termina pagando más por metro cúbico de agua de lo que paga un residente de una zona más céntrica.

Creer que el agua por ser un elemento fundamental para la vida no pueda ser administrada eficientemente como un bien cualquiera, está totalmente equivocado, sino observe la multa de un poco más de US$.5 Millones de dólares impuesta a la empresa privada Aguas Andinas de Chile, en compensación a los consumidores por no haberles comunicado oportunamente los cortes del servicio durante el verano pasado, a quienes compensará con unos $4,000 pesos y que estarán incluidos en sus próximos recibos. 

Por último, quienes crean que mejoran su bienestar al no aceptar que la tarifa del agua recoja el valor que la sociedad está dispuesta a darle, es porque está cayendo en una falacia, el de recibir una dotación en menor cantidad y calidad que probablemente el mercado satisfaga mejor, al igual que aquellos que no tienen los argumentos suficientes y fuertes para defender sus decisiones.

Publicado en el Diario La Prensa de Moquegua el 02/05/2013. Este artículo fue actualizado.
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LA EMPRESA PÚBLICA Y LOS BIENES PRIVADOS

En una oportunidad uno de mis alumnos de nacionalidad argentina me preguntó del porqué hablaba mucho en clases de su país, enseguida le di dos poderosas razones; le dije, primeramente, que en su país tenía – y tengo – allegados familiares y amigos de la infancia, por lo que me interesaba conocer su realidad, y en segundo lugar le dije – y no por ello menos importante – que la Argentina, a diferencia de otros países de la región había tenido una riquísima experiencia de fracasos en estabilizar su economía, y que al parecer, a la luz de la forma de cómo la estaban conduciendo, no terminaba por aprender sus propias lecciones del pasado. Asombrado me miró y me dijo: “Quizás tenga usted razón, pero no olvide que tanto argentinos como peruanos, somos iguales de necios”, a lo que respondí: “Quizás Si o Quizás No”.

Pareciera que el “Quizás Si” esta prevaleciendo por la intención del estado peruano de comprar, a través de Petroperú, a la empresa española Repsol su refinería de la pampilla, su planta envasadora y 200 estaciones de combustible, pero que a diferencia del trato que le deparó el gobierno argentino a los españoles, el nuestro habría decidido pujar por su compra, en competencia con algunos privados, para hacerse de sus activos.

No habría ningún problema si no existieran privados nacionales o extranjeros interesados en hacerse de la empresa española, y si aún así no los hubiera, habría la necesidad de preguntarse si el estado peruano está en la capacidad de distraer recursos que podrían destinarse a sectores como la educación y la salud.

Para entender a profundidad el tema debemos reconocer que es un bien público y que es un bien privado, y quién y cómo los pueden hacer aparecer. Sabemos que la gran mayoría de bienes, como el pan, son producto de la interacción de egoísmos o intereses personales de quienes quieren ofertar y de quienes quieren comprar, si el pan francés prevalece sobre otros en los mostradores, será porque tanto los consumidores como los panificadores así lo decidieron, en consecuencia, un bien aparecerá siempre que se satisfaga voluntariamente una necesidad de mercado.

A este tipo de bienes, que son la gran mayoría, se les llama bienes privados, porque tienen la característica de no poder satisfacer a dos o más personas simultáneamente (se dice que es un bien rival) y que también son excluibles, porque se puede evitar su consumo (se dice que es un bien excluible), por ejemplo, un chocolate, es un bien rival y excluible, es rival, porque si una persona lo consume las otras personas no lo podrán hacer y es excluible porque solo podrán hacerse del chocolate quienes puedan pagar, es decir, excluye a quienes no pueden pagar.

Un bien público en cambio es aquel que puede satisfacer a dos o más personas simultáneamente (se dice que es bien no rival) y que no puede evitarse que se consuma (se dice que es un bien no excluible), por ejemplo, la construcción de un puente, es un bien no rival y no excluible, es no rival porque todos podemos hacer uso de el al mismo tiempo y es no excluible porque no podemos evitar su consumo, está allí y cualquiera puede usarlo.

Ahora bien, un bien público por sus características de no rival y no excluible, no puede ser proporcionado por la empresa privada porque sus beneficios son indivisibles entre la población, y porque no se puede excluir a nadie, en consecuencia, no generan los incentivos para producirlos. En cambio un bien privado, que es rival y excluible, si puede ser proporcionado por la empresa pública.

El problema es que cuando una empresa pública proporciona un bien privado, no tiene los incentivos para maximizar su rentabilidad, como si lo tiene la empresa privada. Cuando una empresa privada busca maximizar su rentabilidad lo puede hacer o reduciendo sus costos o incrementado sus ventas, y para conseguirlo por lo general incorpora nueva tecnología, es decir, innova. Pero además, los mandos o ejecutivos de la empresa privada también tienen incentivos para rentabilizar sus negocios, porque saben que si generan utilidades suficientes una parte les corresponderá a ellos, en suma, tanto a los accionistas o dueños como a los ejecutivos les interesa rentabilizar la empresa. Sin embargo, debemos reconocer que existen incentivos perversos que hacen que la toma de riesgos entre los privados sea excesiva, tal como quedó demostrado en la crisis financiera del 2008.

En la empresa pública no existe tal incentivo, pues, los beneficios que puedan lograrse no van a un propietario en particular, sino a todos los contribuyentes, quienes a demás no son los que toman las decisiones, sino los políticos de turno, con las consecuencias del partidismo que ya conocemos. Además, los mandos o funcionarios públicos no tienen incentivos, sea porque sus remuneraciones no están amarradas con el éxito o el fracaso de sus resultados, como a la consideración de un presupuesto aprobado con mucha antelación y que difícilmente pueden ignorar. Una característica más de los funcionarios públicos es que no están mayormente dispuestos al cambio, pues, requerirían nuevos conocimientos y destrezas que no han ganado, que saben que les costaría, y que si lo hacen tienen como objetivo fortalecer su escalafón más que el aprendizaje de algo innovador.

En consecuencia, por qué debería permitir la sociedad que una empresa como Petroperú se haga de nuevos activos que no será capaz de administrar eficientemente, cuyos bienes privados a producir como los combustibles podrían ser mejor gestionados por la empresa privada. ¿No sería sensato que el estado y las empresas públicas se dediquen a actividades en las que la empresa privada no tiene incentivos para hacerlo?, después de todo, no es ese el mandato de nuestra constitución cuando habla del rol subsidiario del Estado.

¿Por qué deberíamos crear más empleo con empresas públicas?, quizás sea una exageración, pero deberíamos reflexionar sobre lo que viene sucediendo en la Argentina, en la que entre 1997 y el 2011 se pasó de 720 Mil a 1.5 Millones de empleos públicos, es decir, una tasa promedio de crecimiento de un poco más del 5% anual, cuando la población creció anualmente a una tasa del 1%. A esa tendencia el empleo público crecerá a un ritmo de 5 veces el crecimiento de la población. No vernos en el espejo sería un grave error, Quizás Si o Quizás No.

Publicado en el Diario La Prensa de Moquegua el 16/04/2013
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EL COSTO SOCIAL DE LA CONTAMINACIÓN

Si hay algo en lo que los economistas nunca nos pondremos de acuerdo es en el papel económico del Estado. Sin embargo, donde parece que sí coincidimos es en reconocer que el rol del Estado es a consecuencia de las fallas o deficiencias del mercado. Aceptemos como mercado a una confluencia de intereses personales o institucionales, que no tiene que entenderse como malo, de quienes tienen deseos de comprar y otros el deseo de vender, y que en esta interacción de egoísmos se producen fallas o efectos de difusión hacia el exterior de la transacción en sí, o lo que los economistas llamamos externalidades, que por cierto toda actividad humana la ocasiona.

No me ocuparé de las externalidades positivas o economías externas, que si bien existen no son tan publicitadas como las externalidades negativas o deseconomías externas. El ejemplo clásico de estas últimas es el de una industria que cuando produce un bien para el mercado, contamina o ensucia el aire o el agua del que gozan el resto de la población, imponiéndoles en consecuencia un costo por el cual la empresa contaminante no paga absolutamente nada. Costos como por ejemplo, el que las personas se enfermen por la mala calidad del aire que respiran o el que los agricultores vean reducir sus ingresos por la mala calidad del agua con que riegan sus productos, es decir, la empresa contaminante traslada parte de sus costos a la población o agentes externos y no los compensan en absoluto.

Ante esto, la solución general es hacer que el agente contaminante internalice o incorpore de alguna manera los costos de su contaminación en su estructura total de costo, motivándolos a reducir los efectos negativos de su actividad, a través de la búsqueda de niveles eficientes de producción con costos ahora mayores.

Existen tres enfoques de cómo lograrlo, el primero de ellos – y muy utilizado por ejemplo con los agricultores - es a través de lo que se conoce como el teorema de coase, en merito al economista inglés Ronald Coase, profesor de la Universidad de Chicago, quién se hizo merecedor al Premio Nobel de Economía en 1991, entre otras publicaciones, por su influyente artículo llamado “El Problema del Costo Social”.

La premisa básica de coase, dentro de un enfoque estrictamente privado, descansa en que las partes involucradas, el agente contaminante y el agente contaminado, acuerdan voluntariamente el nivel eficiente de contaminación que no dañe suficientemente los productos externos y que están además dispuestos a acordar una compensación económica que justifique tal nivel de contaminación. Esta solución solo podría darse si los derechos de propiedad entre los involucrados están bien definidos, si son asimismo pocas las partes implicadas y si los costos de transacción son reducidos. Sin embargo, este enfoque difícilmente será eficiente para un número muy grande de afectados, por la dificultad de su identificación y sus altos costos de negociación.

El segundo enfoque es de carácter legal, a través de la regulación, prohibiendo determinadas conductas y estableciendo un sistema de incentivos y castigos para que las empresas reduzcan sus niveles de contaminación, como por ejemplo, imponiendo límites máximos permisibles, más allá de los cuáles serán sujetos a multas o sanciones.

El problema con este enfoque son las propias fallas del Estado, las que limitan su accionar eficiente, como por ejemplo, ¿Quién debería decidir cuál es el nivel máximo permisible de contaminación?, ¿Afectaría por igual este máximo permisible a todas las empresas?, ¿Acaso no es cierto que existen distintos tamaños de empresas y que cada una tiene una estructura de costos diferente?, ¿Qué fortalezas institucionales tendrán los Organismos de Fiscalización Ambiental?, y después todo ¿El estado estará en la capacidad de hacer cumplir la normativa?

En uno de sus recientes comentarios el Instituto Peruano de Economía (IPE) hizo saber que la prensa resaltó que del total de los S/.76 millones de multas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) solo se han pagado el 10.5%, el otro 85.6% está con suspensión judicial y el 3.9% del saldo está en trámite. Asimismo resaltó que según el Instituto Fraser, Perú se encuentra en la ubicación 51 a nivel global en términos de incertidumbre de regulación ambiental, muy por encima del 4to lugar de Chile, que para muchos es su principal competidor en proyectos mineros.

El tercer y último enfoque es la aplicación de algún tipo de impuesto sobre la contaminación, bajo este método el estado impondría un impuesto igual a la cantidad del daño externo, con el propósito de inducir a la industria a reducir su efecto de difusión negativo o contaminación.

Este tipo de impuestos a diferencia de otros como el IGV o el impuesto a la renta tienen una característica distintiva, que es el de generar un doble beneficio social, por una parte, aplicando el impuesto el estado recauda más ingresos y por otra logra reducir la contaminación, con el consiguiente beneficio social. Algo que no sucede por ejemplo con el IGV, que solo origina ingresos para el estado, pero costos para los contribuyentes, quienes tienen que pagar algo más, es decir, genera un ingreso y un costo, a diferencia de los impuestos sobre las externalidades, en las que hay un doble beneficio, a este último tipo de impuestos se les llaman impuestos pigouvianos, en honor al economista inglés Arthur C. Pigou, quien los descubrió.

Cualquiera sea el enfoque que se adopte - las sociedades mayoritariamente se han sesgado hacia los dos primeros - es quizás más importante la identidad del agente contaminante. No hay ninguna duda que los privados son los causantes de muchas externalidades, desde la empresa que vierte sus desechos a los ríos hasta quien escucha con volumen alto la música de los shocking blue, pasando por el propietario del auto más antiguo con emisiones tóxicas, que por cierto pueden ser fácilmente identificables y sujetos a internalizar sus externalidades.

Por último, debemos reconocer a las fallas del Estado, que en definitiva son mayores que las del mercado o que terminan por empeorarlas pretendiendo corregirlas, como un actor contaminante del que muy poco se habla, quizás por la doble moral con la que se trata a sus empresas públicas, muy en particular las empresas prestadoras del servicio de agua y alcantarillado, ¿Quién debería internalizar los costos por el arrojo de las aguas servidas a los ríos? ¿Quién debería recibir las penalidades?, sus accionistas, es decir, los usuarios y a la vez sus propietarios. Sin embargo, la lógica nos dice que no somos lo suficientemente estúpidos como para atentar contra nosotros mismos, entonces, ¿Cómo resolvemos ese dilema ético?, solo aceptando y no negando nuestras responsabilidades sociales de convivencia.

Publicado en el Diario La Prensa de Moquegua el 09/04/2013
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